José Antonio Gómez Yáñez reflexiona sobre la intervención de los Reguladores en Torremolinos

La mesa redonda organizada durante la celebración del Expo Congreso Andaluz en Torremolinos, titulada “Futuro del sector: prohibir o educar”, ha dejado algunos comentarios cuanto menos llamativos sobre el Juego por parte de los Reguladores, tanto en lo que respecta al llamado “Juego problemático” como o las cantidades que esta actividad genera en las respectivas comunidades. “El Juego debe ser el único sector en el que las administraciones encargadas de regularlo se dedican a restringir su actividad en vez de mejorar su oferta en el mercado”, señala de forma contundente José Antonio Gómez Yáñez en el siguiente artículo de opinión, el cual ofrecemos a todos nuestros lectores a continuación.

Preguntas en el tintero (o en las teclas)

En un lugar cuyo nombre recuerda La Mancha, no ha mucho que se celebró un Congreso. No me corresponde hacer estas consideraciones, no soy empresario, sólo observador interesado en su sector desde hace algunos años y me he formado alguna idea, tal vez equivocada, del Juego y sus problemas.

Me sorprendió que en la primera mesa del congreso no hubiera preguntas, pese al interés de los temas tratados. Hubo apreturas de tiempo, pero no lo justifica. Como tenía algunas me permito escribir estas notas.

Don Antonio de María, presidente de los hosteleros de Cádiz, puso en toro en suerte, es paisano de Rafael de Paula, con una intervención perfecta, de tres minutos: la hojarasca de que el Juego es un problema es falsa y hay que hablar de los impuestos (con un pase natural arrimó el ascua a su sardina y tocó las tasas de las máquinas B, que afectan a sus socios). Lamentablemente, se dejó que el toro se fuera suelto a los medios o reculase a las tablas -no sé-. Una lástima. Don Antonio expuso los problemas que creo que perciben los empresarios.

El título de la mesa: “Futuro del sector: prohibir o educar”. Lo hubiera esperado en los setenta “¡prohibir!”. Pero las intervenciones estuvieron volcadas hacia el pasado o hacia lo imposible.

El moderador, director general de Tributos y Financiación de la Junta de Andalucía, comenzó leyendo el preámbulo del Decreto que escribió Santamaria Pastor en marzo de 1976 para legalizar parte del Juego (las loterías, quiniela y la ONCE ya estaban legalizadas). Un texto bien escrito, los finos juristas escriben bien. La sorpresa fue que se dijo que los problemas eran los mismos, con general aquiescencia de la mesa. ¿De verdad los “reguladores” creen que los problemas del Juego son los mismos que hace casi 50 años? Los problemas que señalaba Santamaría Pastor, lógicos entonces, al legalizar una actividad que levanta los ánimos de los cruzados morales, están resueltos. En España no hay problemas de Juego: los que pueden medirse con encuestas están en 0,3% de los comprendidos entre 18 y 75 años, entre los más bajos del mundo. Volvieron las palabras incandescentes: “Juego patológico”. Definámoslo o será imposible saber de qué se habla: ¿puede valer el porcentaje de población mayor de 18 años en tratamiento por problemas de Juego, dato que ofrecen las comunidades -menos una, que suma el 4,2% de la población- y compendia el ministerio de Sanidad cada año? Si vale como referencia, el problema afecta al 0,02% (¡0,02%!) de la población mayor de 18 años (por debajo del límite que la UE considera enfermedad rara), sus casos son atendibles, claro, pero no pueden ser el centro de una política. El año pasado un regulador alegó ignorancia de estos datos. ¿Se puede perseguir el Santo Grial del 0 absoluto?, diría que eso no es una opción política seria. Los problemas son otros en un sector con más de 40.000 empleos.

Un “regulador” dijo que en Andalucía el Juego representa 2.000 millones de euros. Perdón, como mucho, 500/550 millones de euros. Fue un desliz, esa cantidad suma lo que se echa en máquinas (con un mínimo del 70% de devolución), en bingos (casi un 70% en premios), apuestas (un 80% en premios), etc. Conviene dar las cifras con precisión porque 2.000 millones de euros son muchos millones, equivalen a más de 300 euros/habitante/año en Andalucía. Y no, no conviene alimentar la alarma. El Juego real es la diferencia entre las cantidades jugadas y los premios, y eso equivale a 500/550 Millones de euros, en Andalucía. O sea, 60 euros/hab./año. No es lo mismo. Fue un lapsus. El Juego es un gasto de ocio, ni más ni menos.

Otro “regulador” dijo que el problema de los menores le había dado mucho trabajo, a él y a su policía autonómica. Pero el problema persistía: el año pasado un menor había aparecido en un salón, pero el objetivo político es cero. Me sigue pareciendo poco realista eso, pero es incómodo argumentar ante quienes plantean el bien absoluto. Las políticas públicas han de ser realistas, o son tirar el dinero en pos del Santo Grial. En sanidad no se puede plantear que nadie se muera, que sería lo ideal, pero la gente se obstina en morirse. Recordé el caso de una comunidad autónoma en la que hubo un desprendimiento de tierras en las obras de una autopista del gobierno regional, que enterró a dos obreros, cuyos cuerpos no fueron encontrados, ¿condenaría el regulador a esa comunidad autónoma? No, y nos diría que en nada se puede pretender el cero absoluto. Pues eso. También estaba preocupado porque en su comunidad en pocos meses el número de registrados en el Registro de Autoprohibidos había crecido en 200 o 400, y que los registros se producen más en las comisarías que en los hospitales. Bien, aquí clarea un problema de fondo: quienes no quieren jugar no son unos enfermos ni se consideran enfermos y mantienen la cabeza serena para apuntarse a un Registro que Santamaría Pastor introdujo para prevenir problemas. Por eso no se apuntan en hospitales, aquí late un dislate: la idea de que quien juega es un enfermo o un paciente, y “se debe” registrar en un hospital. En España no hay siete millones de enfermos. Además, no se puede cargar sobre el Juego este Registro, que fue ideado para prevenir problemas. Y funciona. Otro tema que fue bien solucionado, por las Administraciones, pero también por las empresas. Los ciudadanos exigen a las administraciones que coordinen sus registros, hubo alguna referencia a esto. Pendiente.

Todos los reguladores están muy preocupados por la eventual presencia de menores en los salones. Les preguntaría si de verdad creen que los empresarios de los salones van a resolver algo con 10 euros o 20 euros que juegue un menor (o una docena) un fin de semana. Desde luego debe garantizarse que no entren. Recomendaría la misma medida que puso en práctica la comunidad autónoma anterior cuando surgió entre algunos jóvenes vascos el viril deporte de quemar autobuses urbanos: pasar la factura a los padres de los “deportistas”. Oigan, mano de santo. Me atrevo a proponer que las mismas multas que prevean para los propietarios de los locales las establezcan para los padres o tutores de los menores que sean localizados en un salón (ni un euro más ni uno menos). Seguro que el problema desaparece. ¡Vaya si desaparecerá! La educación, ya que era el título de la Mesa, implica a los padres en primer lugar. En eso, la coletilla “educación” la vi útil. (Extendiendo la reflexión: esto de los inimputables por ser menores de edad, tiene que tener un límite, siendo esto un tema menor, incomparable con otras bestialidades a cargo de menores que hacen cosas que sus padres deberían controlar). Lo mismo puede decirse de los autoprohibidos, la misma multa.

Vi acuerdo entre los reguladores sobre nuevas medidas -que pagarán los empresarios- como los controles biométricos. Me pregunto si establecerán las mismas medidas para prevenir la entrada de gordos y diabéticos en restaurantes (de comidas contundentes) o en pastelerías. Sería muy conveniente para su salud y tendría efectos benéficos en el gasto público. Otra vez “lo ideal” aplicado al Juego. Las Administraciones son escrupulosas, con razón, sobre la protección de los datos personales, no sé si en este terreno están ya pisando la legalidad. Hay quienes saben más que yo. Todo en esta vida tiene su medida, decía Gracián, creo que las administraciones están en el límite de lo razonable. Sea o no legal, esto sería una invasión en el espacio privado de los clientes.

Volvieron los tópicos: la necesidad de estudios sobre la adicción al Juego. Los hay de todas clases, de todos los países, en todos los idiomas -sobre todo en inglés-, en todas las comunidades y administraciones, repetidos decenas de veces… se sabe qué induce al Juego adictivo y que convive con otros trastornos de comportamiento, de los que no es el desencadenante. La bibliografía es abrumadora, inmensa. Es como dar vueltas a una noria, siempre lo mismo en el mismo punto. Una comunidad gastó 400.000 euros en anuncios en medios de comunicación para localizar “ludópatas”, que presuntamente eran miles, según los cruzados morales de allá, localizaron 40 para un estudio. El regulador me explicó el tema. En la DGOJ yace un estudio para el que se preveían miles de respuestas (y se facturaron) fueron 650. Otras se fían de estudios que hacen encuestas en clase -¿imaginan a los chavales fabulando entrar en casinos?-, otros dan por bueno que los chavales de 14 años juegan en casinos, otros mezclan mayores de 18 años con menores. En fin. La endeble calidad de los estudios que se hacen llevaría un rato largo. Vaya por adelantado que acepto el debate con sus autores.

El aire general me preocupó, observo una regresión hacia temas que el sector ha resuelto. Una resistencia a decir que el Juego no es un problema en la sociedad y que es un sector económico como otro cualquiera. La evocación al profesor Santamaría Pastor tiene sentido para decir que los objetivos que marcó hace 48 años se han cumplido. Supongo que es una emanación de ese síndrome que atenaza a la sociedad española de no reconocer cuando gana o hace las cosas bien. Síndrome que nos mete en tantos aprietos. Al sector no le conviene estancarse en estos temas, aunque sea la zona de confort de algunos.

El Juego es un sector económico, su responsabilidad social corporativa se ciñe a controlar los efectos negativos de su actividad -que los tiene, como toda actividad- y lo hace muy eficazmente (como indican los datos). Su preocupación son los impuestos y cómo armonizarlos, la formación de sus empleados, la dimensión de sus empresas, como simplificar y abaratar trámites, como establecer criterios de planificación que puedan ser compartidos por las administraciones, la mejora de la oferta a sus clientes, … Si sigue estancado en los temas anteriores siempre será visto como un problema, por su empeño en presentarse como tal.

El Juego debe ser el único sector en el que las administraciones encargadas de regularlo se dedican a restringir su actividad en vez de mejorar su oferta en el mercado, en un país turístico que tiene en el ocio uno de los puntos fuertes de su oferta como país, sorprende. Tal vez sea un lastre ese aire de excepcionalidad administrativa que le da depender de las consejerías de Hacienda o Gobernación. Debería estar en las consejerías de promoción económica.

Un tema que Natalia Caba no puso en valor. La eficacia de la administración catalana para publicar cada trimestre un informe sobre la marcha del Juego en su comunidad. La puntualidad en la información es un valor positivo.

José Antonio Gómez Yáñez