La Junta realiza sendas referencias a la detección de la "ludopatía" para simplemente anunciar el nuevo acuerdo entre la Comunidad y el Estado
Andalucía promueve la demagogia para publicar su convenio de autoprohibidos
AZARplus
La Junta de Andalucía se suma al carro de la demagogia y publica una noticia sobre la inminente firma del convenio entre la Administración regional y la estatal para el intercambio de información entre los registros estatal y autonómico de interdicciones de acceso al Juego. Un buen número de juicios de valor, los publicados por la Junta, que podría haber resumido de la siguiente manera para ofrecer la información que su convenio relata.
La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, junto con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, están ultimando la firma de un convenio destinado a facilitar el intercambio de información entre los registros estatal y autonómico de interdicciones de acceso al Juego.
Este acuerdo busca establecer una vía para compartir información entre los registros de autoprohibidos, que impiden a los inscritos acceder a establecimientos donde la administración pública requiere identificación previa del jugador. Estos registros incluyen inscripciones voluntarias, aquellas instadas por el establecimiento y las de personas incapacitadas mediante sentencia judicial firme.
El propósito fundamental del convenio, a ser suscrito por la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, es establecer un mecanismo colaborativo entre los registros de interdicciones de acceso al juego, a nivel estatal y autonómico. Esto permitirá un reconocimiento mutuo de las inscripciones en cada uno de ellos, buscando garantizar un “modelo de protección óptimo” para los usuarios.
El convenio tendrá una duración inicial de cuatro años, prorrogable, y se basa en un acuerdo del Consejo de Políticas del Juego, un órgano de cooperación entre la administración central y las comunidades autónomas en materia de juego. Este acuerdo, alcanzado en julio de 2021, busca fortalecer la cooperación entre los registros estatales y autonómicos, conectando los registros de prohibidos de todos los actores involucrados en la regulación y supervisión del juego.
La firma del convenio implica el reconocimiento mutuo de las inscripciones, modificaciones y cancelaciones realizadas por las autoridades de Juego que se adhieran. Además, permitirá transferir las inscripciones entre el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego y los registros autonómicos, y viceversa.
La protección de los datos de las personas inscritas será conforme a la legislación nacional y europea sobre protección de datos. Las partes se comprometen a mantener la confidencialidad de los datos suministrados y a tratarlos con secreto, adoptando las medidas necesarias para garantizar su seguridad.
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