Los tres Casinos de Tenerife vuelven a estar a la venta

El Cabildo de Tenerife busca retomar la venta de los tres casinos de la isla, ubicados estratégicamente en Santa Cruz, Puerto de la Cruz y Adeje, con la intención de enajenarlos conjuntamente durante el mandato 2023-2027. Este movimiento resurge tras varios intentos infructuosos desde 2014, siendo el último en 2018 cuando se valoraron en 25 millones de euros.

La decisión de deshacerse de estos complejos de juego responde principalmente a la búsqueda de la racionalización del sector público. Según señalan desde el Cabildo, estas instalaciones “no representan un servicio público esencial” y, a pesar de emplear a 150 trabajadores diarios, su rentabilidad es cuestionable por la Administración canaria.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha confirmado esta iniciativa al presentar el proyecto presupuestario para este año. Se pretende llevar a cabo la privatización sin menoscabar la reputación de las sociedades involucradas, a diferencia de lo que se percibió en el mandato anterior, según la presidenta.

Los intentos previos de venta datan de hace una década, cuando en 2014 se buscó venderlos por separado, y en 2016 se intentó hacer más atractiva la licitación ofreciéndolos como un solo lote. Sin embargo, el último intento en 2018 de venderlos conjuntamente por 24,9 millones de euros resultó infructuoso, con solo una oferta concreta que no cumplió con las condiciones establecidas.

El proceso se ha visto obstaculizado por supuestas irregularidades en la gestión de los casinos públicos, lo que llevó a una denuncia de la Fiscalía Provincial en 2019 contra el entonces gerente, Hermenegildo Hernández, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Recientemente, el caso de malversación ha sido archivado por el juez, quien descartó que hubiera perjuicio patrimonial y destacó que la gestión del exgerente incluso generó beneficios para las entidades en medio de la crisis económica.

Ante esta resolución judicial, el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, ha señalado que es “una buena noticia” que se haya resuelto que los hechos investigados no constituyan delito y que no haya habido perjuicio patrimonial para las sociedades gestoras de los casinos. Esta decisión proporciona “tranquilidad tanto a los miembros de los consejos de administración como a los trabajadores de las sociedades afectadas”, concluye Afonso.