Las restricciones propuestas por la Administración violan el principio bicameral del sistema legislativo rumano y tienen una falta de criterios claros sobre su ejecución
El Gobierno rumano recibe también una cura de humildad del Tribunal Supremo
AZARplus
El Tribunal Supremo de Casación y Justicia de Rumanía ha ordenado que las recientes restricciones al Juego por parte del Gobierno sean revisadas por el Tribunal Constitucional antes de ser implementadas. Este fallo se produce tras la aprobación en abril de la ley que prohíbe el juego en pequeñas ciudades rurales del país.
El decreto, propuesto por el primer ministro Marcel Ciolacu y respaldado por 243 diputados con solo cuatro abstenciones, establece la prohibición de las máquinas de Juego en localidades con menos de 15.000 habitantes censados, afectando aproximadamente al 90% de las comunidades rumanas. La legislación, que debía entrar en vigor diez días después de su promulgación, impone penas de prisión que varían de tres meses a un año para quienes violen la prohibición, y de seis meses a tres años para aquellos ayuntamientos que emitan certificados falsos sobre el tamaño de su población.
No obstante, el Tribunal Supremo ha subrayado que estas restricciones deben ser evaluadas, y señala que la prohibición del Juego viola el principio bicameral del sistema legislativo rumano. Además, se han identificado varias deficiencias en la propuesta original, tales como la falta de criterios claros para determinar qué ciudades estarían sujetas a la prohibición y la ausencia de compensaciones para los operadores que se vean obligados a reubicarse.
El decreto de Ciolacu ha sido criticado por su ambigüedad en las medidas de ejecución, dado que muchos municipios rurales carecen de los recursos necesarios para implementar y supervisar estas restricciones de manera efectiva.
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