Carlos Lalanda

No quiero más que brindar desde aquí mi modesto apoyo a una justa causa. En Andorra y sobre casinos, para más señas. Hemos sabido hoy que el Gobierno de Andorra, después de un complejo proceso para la adjudicación en concurso de una primera autorización de casino, convocada como consecuencia de la flamante Ley de Juego de Andorra, ha desestimado la autorización en la segunda fase del procedimiento al ganador en la primera. Apreciación jurídica urgente Es cierto que en las bases del concurso la base 9.4.1 (dentro de la “Documentación acreditativa del Interés turístico de la oferta”) expresa que respecto al nombre comercial del casino se ha de acreditar “la reserva del nombre y el registro de marca”. Esto es lo que hizo Jocs, y nadie dijo nada, pasando a la fase de baremación. El “requisito” del nombre comercial del local es tan insustancial al concurso que en el “criterio 6” relativo al baremo de la base 9.4, interés turístico del proyecto, no se valora para nada denominarse de una forma u otra. Desconocemos la razón por la que se incluyó dicho documento en las Bases. No conocemos, ni se nos ocurre, cómo pueda valorarse (puntuarse, baremarse) en un concurso el “dato identificativo del nombre”, ni que pueda denegarse una solicitud por este motivo (no puede tener una trascendencia distinta que la del “dato”). En hipótesis (si las bases lo recogieran), sí podría eliminarse, a un concursante que aportara una denominación indecorosa, irreverente o denigrante. Por ejemplo: “CASINO PSOE”, “CASINO DEL PETIT CABRON (NAPOLEON, según Perez Reverte)”, etc. Sí estaríamos ante un requisito esencial si las bases hubieran propuesto, por ejemplo, que en el mismo constase indefectiblemente, la palabra “ANDORRA”, y el proyecto no la incorporase. Cualquier deficiencia se hubiera detectado inmediatamente. Si un establecimiento o empresa no puede explotar un establecimiento comercial con un nombre determinado, porque otro se le anticipó por las razones burocráticas que fueran (o incluso si lo pierde después por oposición de un tercero en la vía judicial), siempre puede llegar a un acuerdo contractual para que el que lo tiene, se lo ceda. Y si no es así, pues lo cambia y elige otro. Contexto y solución Esta Andorra que pugna y está decidida a pasar página y dejar lejos el estatus de “paraíso fiscal”. Esta Andorra envidiada por algunos de sus vecinos catalanes de ideología independentista, por ser el primer país que impone el catalán como único idioma oficial. En la que hubo un rey en pleno siglo XX que se permitió declarar la guerra a España. Cuya Ley de Juego no solo permite casinos, también incluye la particular “osadía” de gravar la compra de Lotería de SELAE con un tributo del 10%, lo que ya de por sí puede considerarse un “acto de guerra”. Casi a punto de consumar el sueño idílico y premonitorio de Boris I de Andorra, de convertir sus valles en el primer destino turístico de casinos en el mundo (incluso antes que Las Vegas), y aunque por ahora tratemos de un solo y único casino. Ahora esta Andorra deniega a Jocs SA el otorgamiento final de la autorización al proyecto que había ganado la licitación con el Proyecto mejor puntuado, por haberse quedado el casino ganador “sin nombre”. ¡¡Ánimo, Jocs!!. No desesperéis: queda el recurso al copríncipe de Andorra que puede resolver este contratiempo: el Obispo de Urgel, con evidentes competencias para rebautizarle y darle un nuevo nombre. 1 de Febrero de 2019 Carlos Lalanda Fernández VER ARTÍCULO WEB LOYRA ABOGADOS

Oíamos decir a la Ministra de Hacienda en un reciente debate y entrevista posterior que los Presupuestos Generales del Estado aprobados bajo iniciativa de su antecesor estaban plagados de “artefactos contables” que descafeinaban el entendimiento y comprensión de algunas ratios, y con diversos propósitos no confesados no tanto para desviar fondos, sino para ocultar defectos o falsas promesas. Luego matizó y precisó la expresión “artefacto”, cambiándola por la “artificios”, “fuegos artificiales”, triquiñuelas contables en general. En suma, la picaresca presupuestaria española, que como veremos a continuación no queda exceptuada en el Proyecto presentado, incluso en lo que atañe al Departamento de la Ministra.  Los ingresos y gastos de la Dirección General de Ordenación del juego Desde el punto de vista financiero tributario, una Dirección General de un Ministerio no genera “ingresos” porque no es un órgano recaudador, pero sí gastos, y estos son los que están Presupuestados cada año en su programa. En el Proyecto de presupuesto para 2019, la DGOJ aparece en el programa de Gasto 496M, con una asignación de 6.567.200 € (que incluye gastos de personal, gastos corrientes e inversiones). Y eso es lo que puede “gastar”. La cifra de este gasto asignado a la DGOJ nada tiene que ver con los recursos  a recaudar procedentes de las actividades sobre las que la DGOJ desarrolla su acción, y que son inmensamente mayores, sino la cifra equivalente a la cuantificación de sus propias necesidades. Así ocurre con todos los centros de gasto. Los ingresos recaudados por la actividad de juego. Las actividades de juego sobre las que actúa y tiene competencia de acción o intervención la Dirección General generan para el fisco varios recursos, tributarios o no, procedentes de las empresas o de los jugadores que, siendo recaudados por el Estado, se incluyen en variadas partidas de ingresos de los Presupuestos. En grandes números, corresponden a varios grupos distintos:

• Los ingresos que genera, como ingreso patrimonial, el beneficio de SELAE (para 2019 se preveen unos 1.800 M €) .
• Los que genera el Impuesto sobre el Juego de la Ley 13/2011 de Regulación del juego. Y que ascendieron en 2017 a 107 M € aproximadamente.
• Las que generan las tasas administrativas por las prestaciones de la propia DGOJ. Que según la memoria de la propia DGOJ ascendieron a 15,4 M€ en 2017.
• Las que provienen de las multas impuestas en materia de juego (9,9 M € en 2017).
• Por último, los que se generan por el IRPF de los jugadores; y por parte de las empresas, el IAE, el Impuestos de Sociedades, el  IVA, etc, que son las ordinarias de cualquier actividad. Incuantificables a priori.
• No contamos aquí las Tasas de Juego por juego presencial que se recaudan por las CCAA, RD Ley 16/1977, que engrosan sus Presupuestos respectivos y que en su conjunto ascendieron a 1.094 M € en 2017.

En el Ordenamiento Presupuestario español, los ingresos no tienen asignada una finalidad o destino concreto, a salvo que una Ley así lo decida (Art. 27.3 de la Ley General Presupuestaria), de manera que los recursos antes citados se destinan en su mayor parte a las necesidades genéricas del Presupuesto (pago de pensiones, personal funcionario,  pago de deuda, transferencias para educación, sanidad, justicia, y otras partidas generales  como la defensa, la maquinaria burocrática en general, etc….). En las actividades económicas del Sector del Juego, solo algunas partidas de ingreso de las anteriores tienen una asignación finalista (pasan a financiar un gasto concreto) por estar así recogido en una norma legal:

1. – El Impuesto se Actividades de Juego (excepto SELAE) , que de forma “provisional” se asigna a las CCAA donde residen los jugadores, reparto que todavía contiene ciertas imprecisiones técnicas en las que ahora no entramos. (58 M€ en 2017).
2. El Impuesto sobre el Juego generado recaudadas a SELAE por su licencia de “apuestas deportivas mutuas”, se destinan a diversos fines legales (DA3ª Ley del Juego: a las Diputaciones provinciales, a la Liga de Futbol Profesional, a la Federación de Futbol, o este año a Consejo Superior de Deportes, con porcentajes que varían cada año (49 M€ en 2017)

Todos los demás recursos tienen por destino la cuenta general de gastos. Sin embargo, veremos que para el ejercicio 2019, hay una nueva partida de “asignación finalista” a favor de la DGOJ. Las Tasas administrativa de la DGOJ, un concepto “poliédrico” De forma particular abordamos las “tasas administrativas”, que en el Ordenamiento Tributario Español aparecen claramente delimitadas como tributos en la LGT, Art. 2.2 “a) Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.” Y también en la Ley de Tasas y Precios Públicos, y en la detallada Jurisprudencia y doctrina el concepto está claramente delimitado, sin haber lugar a confusiones engañosas. Recordemos el caso de la misma “Tasa de Juego”, todo el mundo sabe, y los Tribunales han reiterado, que es claramente un Impuesto, y no una Tasa. En la Ley 13/2011, del Juego, cuando se detalló en el Art. 49 el concepto y las diversas clases de tasas que son exigibles por los servicios prestados por la Comisión Nacional del Juego (luego por la DGOJ), hay varias que corresponden a dicha categoría ( apartados a) al e) que corresponden a las tareas de otorgamiento de licencias generales y singulares, homologación de plataformas y sistemas técnicos de juego, inscripción en Registros, inspecciones; pero hay otra, la del apartado f), que está claramente describiendo un Impuesto como se define en la Ley tributaria : Art. 2.2. c) de la LGT:

• c) Impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.

La “tasa” que se recoge en el apartado f) es, por otro lado, muy parecida a la denominada “Tasa de Telecomunicaciones”, que fue declarada “nula” y, como aquella, se devenga respecto a un porcentaje de los ingresos brutos por el desarrollo de juego, con independencia de los servicios prestados o no, a las empresas licenciadas por la DGOJ a las que se cobra. No puede cuantificarse con exactitud el importe de esta partida, pues las tasas administrativas en su conjunto ascendieron en 2017 a 15,4 M € , como hemos dicho. Sí sabemos que solo en lo que respecta a SELAE, esta partida se elevó en 2017 a 6,6 M € (según sus cuentas anuales). El Artefacto En el Proyecto de presupuestos analizado aparece una nueva partida de “asignación finalista”, cuando se modifica la redacción del Art. 49.5. f) en la Disposición Final Vigésimo Primera: “  f) 0,75 por mil de los ingresos brutos de explotación, de los cuales el 25% se afectará a reforzar los medios materiales, instrumentps e inversiones necesarias para acometer iniciativas de prevención, comunicación , sensibilización, intervención, y reparación que faciliten las prácticas de juego responsable y mitiguen los efectos indeseables producidos por una actividad de juego no saludable, así como la realización de estudios memorias y trabajos de investigacion en la materia”. Y se acompaña de otra Disposición Adicional Decimo Sexta en la que se determina cómo autorizar esta partida, adicional a las ordinariamente asignadas a la DGOJ. Podemos felicitar en consecuencia a la Ministra por haber conseguido, mediante este “artefacto contable”, incrementar la disponibilidad de fondos de la DGOJ en casi un 50% ( o incluso más) respecto al ejercicio anterior. Y suponemos que revertirán en una mejora para todos. Si es que finalmente los Presupuestos para 2019 se aprueban, con el texto propuesto. Además, para el caso de alguien decidiera impugnar esta “tasa” y algún Tribunal declare que esta tasa es un impuesto (y en consecuencia, la anule), ….. las asignaciones, con toda seguridad .. ¡ya se habrán gastado!. En Madrid, a 20 de Enero de 2018. Carlos Lalanda Fernández VER ARTÍCULO WEB LOYRA ABOGADOS

Uno de los temas recurrentes sobre los juegos de azar es el de la publicidad. Una vez más, las polémicas relacionadas con la publicidad del juego en España reviven con la aprobación de Ley de la Actividad Física y Deporte en Aragón, que introduce, en una modificación de última hora, un artículo que considera infracción muy grave (de esta Ley) la “inserción de publicidad de todo tipo de apuestas deportivas…… en equipaciones, instalaciones, patrocinios o similares, en cualquier tipo de competición, actividad, o evento deportivo”. (Art. 99 w). Sancionable como tal con multas de 6.000 a 60.000 € y adicionales de revocación de inscripciones registrales, clausura de instalaciones de uno a cinco años, etc. Al mismo tiempo se declara (Art. 6 z), que la Administración autonómica es competente para “…elaborar losmecanismos necesarios que prohíban la publicidad en equipaciones, instalaciones, patrocinios o similares, de todo tipo de apuestas deportivas…… Dicha prohibición afectará a todas las categorías deportivas…” Precisemos: la prohibición se extiende únicamente a las “apuestas deportivas” y no a otros juegos de azar ni a las loterías; se dirige sin distinción a clubes deportivos, y organizaciones que tengan relación con el deporte en Aragón; y desgraciadamente se alinea en el mismo párrafo que la publicidad de cualquier clase de negocio relacionado con la prostitución. No se hace mención ni se modifica la Ley del Juego en Aragón, que es la que desarrolla las competencias sobre apuestas deportivas, y el régimen de la publicidad de los juegos de azar en Aragón. Y que tipifica ya como infracción grave o leve la realización de publicidad del juego en algunas circunstancias. Y ello, con el voto favorable de casi todos los grupos políticos de dicha Asamblea; pues además los dos que no lo apoyaron dicen que no lo hicieron por estar en contra de la Ley en su conjunto. Todo ello merece ser comentado, al hilo precisamente del 40 aniversario de la Constitución, como paradigma de que, 40 años después, todavía parece incomprendida para muchos. ¿publicidad, Constitución, juego? Tres conceptos de difícil ensamblaje que conviene explorar. Competencias sobre publicidad y competencias sobre el juego Es cierto que muchas Comunidades Autónomas incluyeron en su Estatuto de Autonomía como competencias “exclusivas”, las relativas a la Publicidad en general. En el Estatuto de Aragón, en su Art. 71, se incluyeron entre otras las siguientes competencias exclusivas: “28.ª Publicidad, que, en todo caso, incluye la regulación de la actividad publicitaria conforme a los principios de objetividad y veracidad”. “50.ª Juego, apuestas y casinos, incluidas las modalidades por medios informáticos y telemáticos, cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en Aragón.”. Con el maremágnum interpretativo de multitud de sentencias alrededor de las competencias normativas de las CCAA (o sea, sobre el Título VIII de la CE), no está nada claro cuál sea el límite competencial de “hacer publicidad” de un producto o servicio, y si una Comunidad Autónoma (la de Aragón, por ejemplo), puede limitar a través de su Órgano Legislativo, la realización de publicidad de cualquier actividad lícita, como es el caso de las apuestas deportivas autorizadas. La “competencia sobre publicidad” no está ni en el título VIII de la CE, ni en ningún otro. Es simplemente una de las manifestaciones del ejercicio de la libertad empresarial, y por lo tanto es el Estado quien puede limitarla como tal, en general y en abstracto, por las mismas razones que puede limitar la actividad empresarial general (por concurrir una colisión con otros bienes constitucionales, por planificación, etc). Y eso es lo que hizo en la Ley General de Publicidad (L 34/1988), o más adelante, en la Ley General de Comunicación Audiovisual (L 7/2010). El recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la primera por parte del País Vasco aclaró que el control de la publicidad ilícita o engañosa, no estando en la lista del Art. 149 de la CE, es una materia residual, que puede ser asumida como exclusiva por las CCAA siempre que la incluyan en su Estatuto. En la Ley General de Publicidad está la publicidad de los juegos de azar (Art.5.), como está la publicidad de los medicamentos y otros; y se dice que puede someterse y al régimen de “autorización administrativa previa”, Con unas condiciones que se describen a continuación. El ejercicio de la competencia de las CCAA sobre la publicidad de los juegos de azar es, por tanto, plausible bajo los parámetros anteriores, pero … ¿en qué casos?  La confusión de los conceptos Esta Ley General de Publicidad ha sido recepcionada en la mayoría de las Leyes de Juego Autonómicas, unas imponiendo una autorización administrativa previa, y otras de ellas decidieron “liberalizar” absolutamente la publicidad de los juegos de azar autorizados bajo su competencia. En Aragón, el Artículo 12 de la Ley del Juego otorga competencia para regular la publicidad del juego al Gobierno de Aragón, tanto en el interior como en el exterior de los locales de juego y con una llamada a prohibir “toda forma de publicidad que incite o estimule la práctica del juego”. Hay que tomar con cierta prevención este último párrafo pues puede argumentarse que toda forma publicitaria puede incitar o estimular la práctica del juego (nadie va a hacer publicidad para lo contrario). Podemos pensar que esta limitación se refiere al “mensaje publicitario”; por otro, que dicha “prohibición” debe entenderse más bien como una “no autorización”. Además, el Reglamento de Publicidad del Juego en Aragón (Decreto 166/2006) establece un régimen muy detallado sobre el régimen de autorización de la publicidad del juego. Sin embargo, profundizando un poco en dicho Reglamento, encontramos – Que se refiere a la publicidad de las actividades de juego o apuestas autorizadas según la Ley del Juego de Aragón (o sea, no a los juegos autorizados por el Estado Central (Art. 2 a) – Que queda prohibida la publicidad del juego en aquellos establecimientos en los que se practica algún tipo de juego y cuya actividad principal no sea la práctica de este” (Art. 3 c). P. ejemplo, en los bares (o sea, que no está claro que esta prohibición se extienda precisamente a los establecimientos deportivos). – Que queda prohibida la publicidad de juegos, apuestas o de los locales en los que estos se desarrollen mediante el patrocinio de actividades deportivas o de ocio en las que participen menores de edad. (Art. 3 e). Lo que excluye la publicidad en ligas de menores, p. ej., pero no otras. En otro orden de cosas, en la Ley 13/2011, de Regulación del Juego (estatal), que es posterior y por tanto “deroga” en su materia a la anterior general de Publicidad, el esquema cambia, puesto que introduce en la práctica, para los juegos online y loterías y apuestas de ámbito estatal autorizados la “libertad” publicitaria (mantiene como infracción grave, la publicidad de juegos o apuestas sin licencia) Es curioso que esta “libertad” esté condicionada a que el licenciatario quiera “autolimitarse” en el momento de obtener su licencia (parece absurdo autolimitarse de esta manera), y a que se cumplan ciertos requisitos reglamentarios de un Reglamento que hoy todavía no existe. El olvido de la Ley del Juego Aragonesa Así pues, no es tema fácil abordar la trascendencia de la nueva norma que se prevé en la Ley de Actividad física y Deporte. En Aragón, la Ley del Juego regula los juegos de azar dentro de la competencia estatutaria antes reseñada: Juego, apuestas y casinos, incluidas las modalidades por medios informáticos y telemáticos, cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en Aragón (Art. 1) Y además regula (Art. 40 j), como infracción grave el incumplimiento de las normas obre publicidad en el juego y su incentivación fuera de los términos recogidos en las normas reguladoras de la Ley. Ello es conforme a las “líneas” competenciales señaladas que hemos analizado. Sin embargo, con la Ley de la Actividad Física y Deporte ya no se pretende “someter a autorización” la publicidad en los estadios, canchas o equipaciones maños, sino directamente prohibirla. Y no parece distinguir entre la publicidad de un juego o entidad autorizados por el Estado Central; y los autorizados por el mismo Gobierno Aragonés. El Gobierno Aragonés contra el Estado; la Consejería competente sobre Deportes, contra la Consejería competente sobre el Juego. En resumen, varios regímenes publicitarios distintos, y en algunos casos “superpuestos”, y una especie de inaplicación absoluta, del mandato de la Ley General de Publicidad, que alguien tendrá que aclarar. Soberanía y Autonomía: Las Cortes de Aragón Alguien podría aducir algo así: “como la competencia sobre publicidad está asumida en el Estatuto, las Cortes Aragonesas pueden hacer lo que quieran con la publicidad dentro de Aragón”. Este razonamiento engañoso podría extrapolarse a cualquier Comunidad Autónoma que incluya esta competencia, que son la mayoría. Hay que recordar, por si a alguien se le olvidó, que estas no son las mismas Cortes de Aragón, creadas como institución en el Siglo XII como parte del Reino de Aragón, y luego abolidas por el Decreto de Nueva Planta, que las actuales Cortes, como órgano de la Comunidad Autónoma y con potestades derivadas exclusivamente de la CE 1978. Su intervención en la vida de los aragoneses no es soberana, y el ejercicio de sus competencias puede entrar en conflicto con las potestades personales de ciudadanía que el Estado conserva. No parece que exista contravención alguna a que el Gobierno Aragonés prohíba la publicidad de actividades ilícitas, como es el caso de la prostitución. Pero por el contrario limitar la publicidad de una actividad como las apuestas que el mismo Gobierno regula y autoriza, parece que solo cabe bajo el desarrollo de la Ley del Juego, y su Reglamento de Publicidad, que es lo que ya ha hecho profusamente. Por último, parece fuera de su potestad limitar las actividades autorizadas por el Estado y bajo su régimen- Para eso están las Cortes Españolas, y la Legislación española, aunque esta parezca insuficiente. El papel de los Tribunales  El maremágnum legislativo es importante en cualquier tema de distribución de competencias, y los jueces y Tribunales tampoco han sido, por su parte, pedagógicos precisamente en estas materias. Fue antológica la sentencia de Juzgado de Tenerife de 15 de Noviembre de 2010 que anuló una sanción impuesta por la CA de Canarias al Sevilla CF por llevar en su camiseta publicidad de una casa de apuestas online ilegal en un partido celebrado en Tenerife. El Juzgado adujo que el juego online era una competencia del Estado, sin parar a pensar que, aún siendo así el marco teórico, ¡la casa de apuestas era ilegal ¡. La reciente sentencia del TS de 27 de Julio de 2017 no anda a la zaga de estas contradicciones, pues mantiene respecto a la publicidad de los juegos autorizados por la C. Valenciana, que la Comunidad (o sea, las Cortes Valencianas), tienen potestad para regular la publicidad en páginas Web de los juegos autorizados bajo su competencia…. como si las Webs constituyeran un hecho territorial; evidentemente ha sido criticada por algunos autores como una clara incongruencia. En fin, contradicciones e incongruencias que no ayudan a resolver rectamente los conflictos.  El papel del Estado Central y la publicidad de los juegos estatales  Tampoco se queda atrás el Estado Central y sus órganos en esta ceremonia de la confusión. Como mencioné antes (y ya todo el mundo lo sabe), no hay Reglamento de publicidad que limite de alguna manera el principio legal aprobado en el Art. 7.1 de la Ley 13/2011, y que, en cuanto que el régimen de publicidad del juego online, o de las loterías y apuestas estatales, etc…. deroga al régimen general de la LGP. Si no hay Reglamento, y la publicidad es libre, cualquier entidad licenciada por el Estado puede realizar publicidad libremente en todo el Estado Español, lo que incluye las vallas fijas o móviles, luminosas o estáticas, en los estadios de futbol, de todas las divisiones de fútbol (seguramente no en las ligas infantiles y juveniles, claro está);  o para incluir publicidad en sus equipaciones, así como la libertad de los contratos sobre los que dicha publicidad se provee, que normalmente son los contratos de patrocinio (o sea, los contratos de publicidad patrocinada que suscriben los clubes con las entidades operadoras de los juegos). No crean que el Estado no impide nada, y que esto es “libertonia”. Hay todo un cuerpo normativo, de protección al consumidor, a los menores, y un largo etc., materias todas ellas que ni están residenciadas ni corresponden a las CCAA. Por ejemplo, el elenco de normas en materia de publicidad ilícita, engañosa o desleal. O en materia de medios audiovisuales, especialmente la Ley de Comunicación Audiovisual, que por ejemplo impide emitir programas de juegos de azar en TV a ciertas horas. Todas ellas normas coercitivas y cuyo cumplimiento puede exigirse de forma eficaz. En fin, normas emanadas del poder soberano, y con garantías de cumplimiento.  Conclusiones sobre la medida legislativa en curso. La medida adoptada, deprisa y corriendo y en una enmienda de última hora, es por tanto bastante discutible. Olvida la referencia a otras actividades de juegos de azar estatales como los juegos de casinos online, o las loterías nacionales, que están en la misma Ley del Juego Estatal, y en las mismas condiciones que las apuestas deportivas. Olvida la existencia de la Ley del Juego en Aragón, que es el contexto donde debe residenciarse esta materia, Por último y más importante: no se distingue entre las apuestas autorizadas por el Estado, y las autorizadas por la Comunidad Autónoma. En definitiva, una medida que acarreará, probablemente un conflicto constitucional a ejercer por el Estado Central ante el TC si es mínimamente diligente y celoso de sus competencias, y que puede conllevar (automáticamente y por varios años, hasta que se dicte sentencia), ………la suspensión automática de la prohibición. Lo contrario de lo que se pretende. Claro que, para algunos, seguirá estando el “autocontrol” (como acepción ética de las empresas), y Autocontrol (como entidad privada que, en definitiva, parece destinada a “gobernar” en esta materia publicitaria) Carlos Lalanda Fernández Socio Fundador Loyra Abogados

El Decreto 204/2018 de la C.Valenciana, aprobado el 16 de noviembre, y publicado en el DOGV de hoy 17 de diciembre, que entra en vigor mañana 18 de diciembre, reduce la distancia mínima reglamentaria entre Salones de juego en esta Comunidad Autónoma a 700 metros medidos entre puerta y puerta, cuando hasta ahora estaba en 800 metros...

Otro Miércoles de sorpresa para el sector de los juegos de azar en España. Ayer se sabía que, en sede parlamentaria, la Ministra de Hacienda y de otras materias varias (entre ellas la de los juegos de azar), se había referido a la regulación de las apuestas. Efectivamente, en el Diario de Sesiones del día 21 consta que, interpelada por un Grupo Parlamentario, aludía al cumplimiento de un reciente acuerdo político, y anunciaba su intención de controlar la publicidad en línea, competencia del Estado y además a “armonizar a través de un Real Decreto la legislación existente en diferentes CCAA para regular de una forma más estricta las casas de apuestas presenciales, que son de competencia autonómica…”. Inmediatamente después del anuncio algunos reguladores autonómicos opinaban firmemente que tal “armonización” no era posible sin su intervención, pues la competencia para regular las apuestas deportivas recae en los despachos de las respectivas CCAA donde se celebran, y no en el Ministerio central. Y que la “armonización” como técnica legislativa, debía descartarse. O sea, que en su opinión estamos de nuevo ante fuegos de artificio. ¿Qué quiso decir la Ministra entonces? El límite constitucional de una “armonización” en materia de juegos de azar De entrada, hay que darle la razón “jurídica”, de todas todas, y por goleada, a aquel regulador autonómico quien, entrevistado urgentemente por este asunto, opinaba que una Ley de Armonización de un sector como este es un imposible jurídico desde el genérico y drástico recorte que sufrió la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del proceso autonómico), en la sentencia del TC 76/1983. El varapalo que propinó el TC a este intento fue histórico, y todavía resuenan los ecos de aquella “bofetada jurídica” al Estado, hasta el punto de que desde entonces no se ha vuelto a intentar nunca esta técnica legislativa que se cita en el Art. 150.3 de la CE. Si observamos posteriores sentencias constitucionales en torno al desarrollo de las competencias autonómicas en materia de juegos de azar, queda claro que, después de haber sido recepcionadas por los respectivos Estatutos sin excepción, estas materias son ya exclusivas, y está muy claro también que se extienden a todos los juegos presenciales celebrados en los establecimientos públicos situados en cada territorio; mientras que se excluyen de su competencia y pertenecen todavía al poder del Estado los juegos de “ámbito estatal”. El TC incluso anuló la norma que declaraba “estatales “los juegos que se ofertaran en más de una Comunidad Autónoma, porque se trata más bien de los “ofertados con destino general estatal”. Una primera aproximación, por tanto, nos llevaría efectivamente a interpretar que las palabras de la Ministra son un “brindis al sol”, como en otros casos. Esto coincide con lo que ya han opinado también otros reguladores autonómicos entrevistados, que tachan la expresión de “malentendido”. Si hay un acuerdo para limitar la publicidad del juego, por ejemplo, como ya ha ocurrido en sede parlamentaria como una mera declaración, esto puede llevarse a la práctica e incluirse en una Ley de las Cortes Generales, pero solo respecto a la publicidad del juego online o de las Loterías de SELAE y ONCE, que son juegos de ámbito estatal. Otra cosa es que el Estado Central tome medidas en ciertas materias, colaterales o coadyuvantes a la de los juegos de azar, en las que siga manteniendo competencias plenas, compartidas, o básicas. Posibles interpretaciones alternativas a la “armonización: la “contemporización” En lenguaje parlamentario, “armonizar” podría muy fácilmente pasar a ser mas bien “contemporizar”. En los tiempos que corren no hay que hacer mucho caso a las expresiones parlamentarias, donde la libertad literaria es amplia (ayer mismo vimos la trifulca en las Cortes que concluyó con la orden de su Presidenta de eliminar físicamente de las transcripciones del Pleno ciertas expresiones lingüísticas rimbombantes y soeces). “Armonizar” significa según la RAE “…buscar equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de un conjunto”. Pero como a la Ministra se le entendió que lo que quería era influir en las políticas de las CCAA en esta materia, lo que no puede hacer, me inclino a pensar que, en realidad, estaba pensando en la “contemporización” con las propuestas de otras fuerzas políticas que apoyan al Gobierno, por activa o por pasiva, en sus invocaciones para llevar a la ley o a la acción de gobierno decisiones imposibles de adoptar. También según la RAE, “Contemporizar” es “…acomodarse al gusto o la voluntad de otra persona con algún fin, generalmente para evitar un enfrentamiento”. Este es el mensaje que encaja más en este puzle. Así pues, el Gobierno no puede “armonizar” nada respecto a las apuestas deportivas competencia de la CCAA, sino de las suyas propias. Pero, quizás, puede y quiere realizar acciones “contemporizadoras”, con mayor o menor éxito. No imponer armonía, pero sí quizás “seducir” para que se produzca. Posibles acciones “contemporizadoras” En este contexto terminológico, “contemporización”, las cosas cambian algo, y pueden explorarse ciertas posibles iniciativas, con mayores o menores dificultades.

1. El Estado Central no ha dejado de gobernar y gobierna sobre los apostantes. Esta afirmación parece de Perogrullo, pero es así, y podría intentarse, en hipótesis, la adopción de ciertas medidas en el mismo corazón del estatus personal de los ciudadanos, de variada naturaleza. Por ejemplo, incluir en el Código Penal como delito o falta la participación de los ciudadanos en juegos ilegales (así ocurría antes de 1983, Art. 349 aunque solo se aplicó, todavía en régimen de Franco, en contadas ocasiones). También podría, en una hipótesis de libro, derogarse mediante Real Decreto Ley, la mismísima Ley 13/2011 de regulación del juego, prohibiendo con ello la oferta de todo juego online, indemnizando, a continuación, a todos los operadores licenciatarios; y de paso, también reencarnar el Monopolio fiscal de SELAE y de la ONCE anterior a la Ley del Juego. Aunque constitucional, yo personalmente descarto esta medida “contemporizadora” con los grupos que apoyan al Gobierno…. porque el levantamiento popular (del pueblo), por la primera sería generalizado; y el tirón de orejas de la Unión Europea, por la segunda, asegurado.

 

2. El Gobierno puede aprobar, mediante Real Decreto, de una vez por todas, el Reglamento de la Ley de Juego de limitación de las actividades publicitarias y de otras comunicaciones comerciales sobre los juegos. Este Real Decreto, largamente elaborado y reflexionado desde hace 7 años es además necesario técnicamente. De hecho, no debería haberse convocado ningún concurso de licencias sin haber visto la luz. Al contrario, su publicación ha sido reiteradamente solicitada desde todas las instancias sociales, parlamentarias, profesionales, e incluso empresariales. Yo mismo lo he reivindicado públicamente varias veces.

Tenemos, pues, que la publicación de este Reglamento pueda devenir, en su propio contexto, como medida “contemporizadora” del Gobierno. Cuestión distinta es que contente a todas las partes. Y que su aplicación, en principio, solo se refiera a los juegos y apuestas de ámbito estatal.

3. El Estado Central puede liderar la promoción de “estándares mínimos comunes” con base en la LGUM, sobre ciertos aspectos de los juegos y apuestas, aún con el estrecho margen que le deja otro varapalo del TC, esta vez más reciente en la Sentencia 79/2017 al anular algunos artículos de la LGUM.

Como ya he defendido en distintos foros a los que me remito, esta medida puede intentarse en el Consejo de Políticas de Juego, mediante: 1. Acuerdos por mayoría en el Consejo; 2. Adhesión posterior por las CCAA. Y puede pensarse aquí en distintas materias como los requisitos técnicos de los juegos y apuestas; o ciertos protocolos de aplicación de medidas de juego responsable. No pueden llevarse adelante estas medidas sin el concurso de la Comunidades Autónomas, pero al menos pueden proponerse. Su mero anuncio podría considerarse un ejercicio de “contemporización” con todos.

4. El Estado Central puede profundizar en la “recuperación” de competencias sobre algunos aspectos del poder personal del Estado que no tienen “carácter territorial”, y sobre los que ha hecho poco caso, o incluso abandonado, en relación con algunos aspectos de los juegos de azar. El juego “online autonómico” o la “protección de los consumidores usuarios de los juegos” son dos buenos ejemplos. En el primero citado, no se entiende que el Estado carezca de competencias (y sí la tengan las CCAA) para regular la utilización de un móvil o un PC personal, incluso para jugar o apostar, que es lo que cualquier ciudadano hace cuando accede a una página de “Webs autonómicas de juego”. Los redactores de nuestra Constitución nunca hubieran pensado que inmiscuirse en el uso de dispositivos privados podría corresponder al poder de las CCAA; y, sin embargo, ahí está en el Art. 2.2 b). de la Ley 13/2011, que parece decir lo contrario. Lo mismo respecto a las técnicas del mensaje publicitario, o a la prevención de riesgos de los juegos. En este punto el TS nos ha sorprendido hace poco confirmando la competencia publicitaria en Internet de la Comunidad Valenciana, por considerarla, erróneamente como una extensión de la competencia sobre juegos presenciales en materia de juegos de azar. Es el Estado primariamente el “titular” de la materia publicitaria que se entronca en la libertad de expresión, competencia que ejerce normalmente a través de la Ley General de Publicidad de 1988, de la Ley General Audiovisual de 2010, etc.…. Lo mismo en materia de protección de consumidores y usuarios, Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios que es donde debería residenciarse de forma natural, a mi criterio, todo el debate sobre el juego responsable. España no es un estado “federal” donde la soberanía reside en las CCAA y se conceden competencias “residuales” al Estado, sino al contrario.

En este capítulo de medidas “contemporizadoras” es perfectamente posible, pues, que en el Reglamento de Comunicaciones Comerciales se incluya, como además ya también está previsto, toda una panoplia de medidas y un capítulo a regular y normar la materia de “juego responsable”, que se puede incardinar claramente en la de la protección de los consumidores y usuarios. Sería suficiente con añadir, que los artículos y normas que se incluyen en el Real Decreto Estatal, de publicidad y de juego responsable, son “supletorias” en el Ordenamiento de las Comunidades Autónomas. Y que cada uno corra detrás de la liebre.

5. Por último, el Estado Central puede crear el tan traído y llevado “Consejo de Juego Responsable”, donde se ordenen y debatan muchas de las cuestiones que ahora se debaten libre, pero desordenadamente, a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Muchos creen que este Consejo existe jurídicamente, confundiéndolo con el otro de Políticas de Juego, que sí está en la Ley. No creo necesaria la modificación de la Ley para crearlo y regularlo; y si fuera necesario, podría hacerse mediante Real Decreto o incluso mediante Orden Ministerial. También la creación de este Consejo ha sido demandada por muchos, desde hace tiempo. En definitiva, podría adjetivarse como medida “contemporizadora” y útil que el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales incluyera la creación y el régimen de la organización y funcionamiento de este nuevo Consejo. No hace falta que pidamos a la Presidenta del Congreso la eliminación de la expresión “armonizar” de las Actas. Contemporicemos todos. En Madrid, 24 de Noviembre de 2018. Carlos Lalanda Fernández VER ARTÍCULO WEB LOYRA ABOGADOS

Resalta y resulta que el Ministerio tiene un Plan de Acción sobre Adicciones para el 2018-2020, en el que se incluyen, como objetivo, las “adicciones sin sustancia”.  Estas adicciones sin sustancia son de varias clases, y entre ellas, dicen ser, las apuestas con dinero. Hasta aquí, en el terreno de los principios, las prevenciones, y la preocupación pública por la salud, parece coherente con una concepción moderna del Estado (o del poder político en general), sea más o menos amplia y acusada. A algunos parecerá que el Estado interviene más, y a otros menos, dependiendo de su sentir político.

En materia de juegos de azar, el Tribunal Supremo está dando en sus sentencias “una de cal y otra de arena”. Y en esta de 23 de Julio (véase enlace) estamos más bien ante un cubo de arena sobre las Páginas Webs de Internet donde podemos apostar sobre loterías...

El 19 de septiembre de 2018 quedará en los anales para el sector del juego en Murcia. Como el “19-S”, por ser el día en que el Consejo de Gobierno adoptó varias medidas de diverso calado en este sector de intervención administrativa, que no obstante conviene distinguir: un Acuerdo, un Decreto, y el inicio de la tramitación de otro

Se ha publicado en el D.O.E de 6 de Agosto y luego en el B.O.E. la Ley 7/2018 extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (autodenominada en el mismo boletín oficial: “LEGIO”). Y ello nos obliga a recapitular sobre esta y otras iniciativas anteriores similares, en las que se preveía la posible implantación de grandes complejos de casinos en España. Lluvia de millones, lluvia de empleos, lluvia de ilusiones.

Unos los denominan “rascas”, otros “boletos”, y más técnicamente los encontramos como “loterías instantáneas” o loterías “presorteadas”. ¿Qué tienen de particular estos productos de juego, para ser constante fuente de polémicas o de encendidas críticas mediáticas?. Una pequeña recapitulación histórico jurídica de este fenómeno en España puede ayudar a comprenderlo mejor...

Con fecha 15 de Enero se ha publicado en el BOE la Resolución de la DGOJ de 29 de Diciembre (que no Orden Ministerial) que permite a los operadores online españoles ofertar la denominada “liquidez” internacional en el juego del póker online. Compartiendo partidas los jugadores españoles y, de momento, franceses. Con ello se cierra un prolongado y cansino relato con el que desde hace mucho tiempo desayunamos en foros y noticieros sectoriales...

Resulta recurrente siempre acudir a una parábola bíblica cuando se trata de explicar algo que, aún siendo en el fondo muy complejo, puede simplificarse mediante símbolos muy gráficos y descriptivos. Y según nos cuentan Juan y Marcos, en ciertos momentos los seguidores de Cristo eran tantos que los discípulos se vieron sobrepasados cuando tuvieron que acudir a alimentarlos en las concentraciones multitudinarias; varias veces Cristo obró el milagro y cinco panes y cinco peces se multiplicaron para satisfacción de fieles y promotores del evento. Intentaremos que esta parábola sirva para ilustrar, y calificar de milagro, lo que se pretende con la recaudación del Impuesto de los Juegos Online, sobre sus cuantías y sus repartos. Y para no abrigar falsas esperanzas.

(LGUM: Ley de Garantía de Unidad de Mercado) (SCUM: Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado) A raíz de la aprobación de la Ley 20/2013de Garantía de Unidad de Mercado a finales de dicho año, se pusieron muchas esperanzas en la aplicación de esta norma para liberar numerosas trabas en diferentes sectores empresariales y entre ellos el de los juegos de azar. Este ha sido siempre un sector encorsetado por la Administración en su tradicional potestad de policía, muchas veces en el contexto de una exagerada protección de intereses abstractos y poco precisos, cuya última razón de ser, nos advierte la Jurisprudencia, es la protección de los jugadores.

La lectura del Proyecto de Decreto Vasco para aprobar el Reglamento General del Juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi merece un modesto y urgente comentario. Largamente anunciado, estamos obligados ahora a diseccionarlo y sugerir alguna fórmula para abordar su análisis; luego otros pondrán de manifiesto alegaciones según su respectivo interés.

El Reglamento de Comunicaciones Comerciales de las actividades de juego (o sea, publicidad, promoción y patrocinio) que promueve y tramita la Dirección del Juego del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas constituye un verdadero misterio metafísico, si nos atenemos a las distintas críticas y comentarios vertidos sobre su texto en estos días por numerosas personas, asociaciones y entidades diversas: ninguna es coincidente con otra. Incluso aquellos que, por lógica naturaleza debieran haberse manifestado y no lo hicieron, parecen ser contestados y criticados por ello. Así que resulta difícil saber quién acierta y quien se equivoca en sus planteamientos, o en sus silencios.

“Gran Hermano” (entendido como Supercomputador que todo vigila al servicio del poder, caracterizado y así denominado por George Orwell en su famosa novela“1984”). “Gran Hermana” muchos se refieren de esta manera a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que atesora en sus bases de datos los de numerosos contribuyentes y los cruza para fines hacendísticos. La difusión dada al reciente Convenio de colaboración firmado el 16 de Diciembre de 2014 entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), y la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), para el “intercambio de información” nos obliga a reflexionar brevemente sobre algunas consecuencias de esta y otras cesiones de datos de los jugadores de juegos de azar que se avecinan.

Terminamos el recorrido de nuestro analisis de la sentencia de la High Court of Justice UK sobre el sistema aplicable al juego online en Reino Unido con una referencia al sistema español que rige el juego online en Espana y las dificultades de base que se plantean en relación con el criterio del ‘punto de consumo”...

Ya dijimos en anterior entrega que convenía examinar a fondo las cuestiones tratadas por Mr. Justice Green en su sentencia de 10/10/2014, sobre el regimen del juego online en Reino Unido, tanto por su claridad y contundencia como por la posible comparación con las soluciones que ofrece el Derecho Español sobre juego online, representado fundamentalmente en la Ley 11/2013, de 27 de Mayo.

 Aprovechamos la oportunidad que nos brinda la reciente sentencia dictada del The High Court of Justice, Administrative Court, dictada el 10 de Octubre a propósito de la impugnación de una de las modificaciones aprobadas en Mayo de 2014 sobre la legislación del juego británica en la denominada Gambling Act de 2005. Para señalar algunas notas de interés. En particular dicha modificación implica como novedad la obligación de obtener licencia en UK para operar juego online cuando el jugador se encuentre en territorio británico, acogiéndose con ello al criterio del “punto de consumo” o destino del servicio...

No podemos pasar la oportunidad que nos brinda la reciente publicación del Proyecto de Decreto de la Generalidad de Cataluña que pretende una nueva regulación de la denominada “Lotería Binjocs”, modalidad explotada desde hace ya algún tiempo por la EAJA en el ámbito de Cataluña. Con ciertas novedades que, tal y como ha quedado configurado este producto de juego, merecen un comentario. Y requieren alguna aclaración.