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El presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, ha destacado que el Gobierno “será inflexible” con aquellos que operen al margen de la ley

Colombia se muestra inflexible contra el Juego ilegal

AZARplus

Coljuegos ha liderado un operativo interinstitucional en la lucha contra el Juego ilegal del país que se ha resuelto con la incautación de 89 elementos utilizados para Apuestas ilícitas en la capital colombiana. Cuatro personas han sido puestas además a disposición de un juez de control de garantías.

El operativo se ha centrado en cinco establecimientos dedicados a Apuestas ilegales en el barrio de Santa Fe, en la ciudad de Bogotá. Según ha señalado Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos, estas actividades ilícitas han privado al erario de más de 6 millones de euros en derechos de explotación durante los últimos cinco años, “recursos que deberían haberse destinado al sector de la salud en Colombia”.

El presidente de Coljuegos ha afirmado: “En el año 2024, continuaremos nuestra lucha decidida contra las operaciones ilegales de juegos de azar, que no solo impactan los recursos destinados al sector salud, sino que también afectan a los operadores legales comprometidos con brindar opciones de entretenimiento responsables. El Gobierno Nacional será inflexible con aquellos que evadan la responsabilidad y operen al margen de la ley”.

Durante la intervención, se decomisaron 89 elementos destinados a realizar apuestas online, una Máquina de Juego, 29 portátiles, 31 televisores, 28 ordenadores y otros dispositivos como impresoras de tickets y memorias VDR, con un valor estimado cercano a los 120.000 euros.

Hincapié ha instado a todos aquellos que operan sin la debida autorización de Coljuegos a acercarse a la entidad para obtener los permisos necesarios y formalizar sus actividades económicas.

Es relevante señalar que quienes operan sin la autorización correspondiente de Coljuegos pueden acarrear consecuencias legales que incluyen multas de hasta 300 SMLMV por cada establecimiento, una inhabilidad de cinco años para operar y penas de cárcel que oscilan entre seis y ocho años, según lo establecido en el Código Penal colombiano.

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