Competencias en materia de Juego, siendo su intención prohibir en su municipio la apertura de establecimientos a menos de 500 metros de cualquier edificio educativo, deportivo, cultural o social
El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra no aprende de lo acontecido en Cadiz y Málaga e intenta adjudicarse competencias que son propias de la Junta de Andalucía
AZARplus
El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en Sevilla trata de aplicar medidas que no son de su competencia y abraza el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), intentando prohibir en su municipio la apertura de establecimientos de Juego a menos de 500 metros de cualquier edificio educativo, deportivo, cultural o social según señalan desde Europapress, añadiendo que esta norma ya estaría aplicándose en Alcalá, pese a no haberse registrado ninguna solicitud de apertura.
Una iniciativa que es más que previsible que sea tumbada de forma fulminante por los tribunales, como ya sucedió con el Ayuntamiento de Cádiz, que tras aplicar la modificación del PGOU al aprobar una moratoria en la concesión de licencias para Salones de Juego, y que fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en virtud de las medidas cautelares solicitadas por la Agrupación Gaditana del Recreativo (AGARE).
No es el único ejemplo, pues poco después el Ayuntamiento de Málaga se quiso sumar al carro de apropiarse de competencias que no son suyas y trató de establecer una distancia mínima de 500 metros entre establecimientos de Juego y de zonas verdes públicas, así como de edificios educativos, deportivos y sociales, para finalmente recular en su intento tras la advertencia de la Junta de Andalucía de presentar un nuevo recurso judicial contencioso-administrativo para pedir su suspensión cautelar.
La propia Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía ha indicado según señalan desde el Europapress que, como ya hizo en 2021, cuando el Ayuntamiento de Cádiz aprobó su Plan General, “la Junta entendió que el Consistorio se arrogaba unas competencias sobre planificación y distribución territorial de establecimientos de juegos y apuestas que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, le corresponde en exclusiva al Consejo de Gobierno de la Junta. Con respecto a Alcalá, la posición es la misma”, por lo que es más que probable que si no acaban retrocediendo en su intento, sea el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, quien acabe convenciéndoles.
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