El Consejo y el Parlamento europeo aprueban la normativa contra el blanqueo de capitales

El Consejo y el Parlamento de la Unión Europea han logrado un acuerdo provisional que marca un hito en las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El objetivo central de estas medidas es salvaguardar a los ciudadanos y el sistema financiero de la UE de prácticas ilícitas. Vincent Van Peteghem, Ministro de Hacienda belga, destaca que este acuerdo es parte integral del nuevo sistema de lucha contra el blanqueo de capitales de la UE, fortaleciendo la cooperación y el funcionamiento conjunto de los sistemas nacionales.

El pacto aborda la armonización exhaustiva de las normas en toda la UE mediante un nuevo reglamento que trasladará todas las regulaciones aplicables al sector privado. Simultáneamente, una directiva se encargará de la organización de los sistemas institucionales de lucha contra el blanqueo de capitales a nivel nacional en los Estados miembros.

Uno de los aspectos más destacados es el abordaje integral de las criptomonedas. El acuerdo amplía la lista de entidades obligadas, incluyendo a todos los proveedores de servicios de criptoactivos, imponiéndoles la diligencia debida a clientes que realicen transacciones superiores a 1.000 euros. Esto podría resultar en una mayor regulación de las criptomonedas en plataformas de apuestas y casinos. También se establecen medidas para mitigar riesgos en transacciones con monederos autoalojados.

El texto establece un límite máximo de 10.000 euros para pagos en efectivo en toda la UE, dificultando el lavado de dinero. Las entidades obligadas deberán identificar y verificar la identidad de cualquier persona realizando transacciones ocasionales en efectivo de entre 3.000 y 10.000 euros.

Se aborda la propiedad real con normas más transparentes y armonizadas, estableciendo un umbral del 25% para la titularidad real. Además, se prevé el registro retroactivo de la titularidad real de entidades extranjeras propietarias de bienes inmuebles desde el 1 de enero de 2014.

El sector del fútbol se reconoce como un riesgo elevado, extendiendo la lista de entidades obligadas a clubes y agentes de fútbol profesional. Sin embargo, los Estados miembros tendrán flexibilidad para ajustar la inclusión de estos actores en la lista, considerando su riesgo específico.

El acuerdo también introduce medidas específicas de diligencia debida reforzada para relaciones transfronterizas de corresponsalía en proveedores de servicios de criptoactivos y establece que entidades de crédito e instituciones financieras aplicarán medidas reforzadas de diligencia debida para relaciones comerciales con personas muy ricas.

La información sobre titularidad real presentada al registro central deberá ser verificada, y las entidades asociadas con personas o entidades sujetas a sanciones financieras específicas serán señaladas. Los registros serán accesibles a personas del público con interés legítimo, incluida la prensa y la sociedad civil.

Este acuerdo refuerza la supervisión con enfoque basado en riesgos para todas las entidades obligadas en territorio de cada Estado miembro. Además, establece nuevas medidas de supervisión para el sector no financiero mediante colegios de supervisores.

Las evaluaciones de riesgos, tanto a nivel nacional como de la UE, continúan siendo una herramienta importante. La Comisión realizará evaluaciones a escala de la UE, formulando recomendaciones a los Estados miembros sobre las medidas que deben seguir. Las UIF tendrán acceso directo a información financiera, administrativa y policial para fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales.

Estos textos, una vez finalizados, se presentarán a los representantes de los Estados miembros y al Parlamento Europeo para su aprobación, marcando un avance significativo en la protección contra actividades ilícitas en la UE.

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