“EL PROBLEMA ES LEGISLAR PARTIENDO DE PREJUICIOS, ESO ES LO QUE HAY QUE DESTERRAR DE LA VIDA POLÍTICA”

En estos tiempos que vivimos, son muy pocas las veces que un representante público alza su voz en la defensa del Juego y contra la criminalización, tan interesada como ideológica, de nuestra actividad… El Diputado del PP en Castilla La Mancha, Miguel Ángel Rodriguez, lo ha hecho y lo está haciendo desde el sentido común y la racionalidad, denunciando a unos populismos “que han encontrado un filón” contra el Juego y  desenmascarando a “los Gobiernos que se plegan a esas ensoñaciones”… En AZARplus hemos querido profundizar en el pensamiento tan transparente de este político, haciéndole unas preguntas cuyas respuestas dejan muy claras sus convicciones y encienden una luz que debería iluminar las actitudes de muchos de sus colegas…

Entrevista EXCLUSIVA a MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ, DIPUTADO del PP en el Parlamento de Castilla-La Mancha

Nuestra primera pregunta es para pedirle una valoración genérica: Desde 2013 Castilla-La Mancha contaba con una Ley del General del Juego que se cambia por otra presentada en el Parlamento autonómico en el pasado mes de julio: ¿Es un paso adelante para la sociedad? ¿Lo es para la Administración y para el Sector industrial del Juego?

Efectivamente, en 2013 en nuestra región se aprobó una norma que reguló de manera efectiva el sector del juego regional y que contó con un amplio consenso del sector en aquel momento. Era una norma que quizá había que tocar en algunos aspectos, fruto del paso del tiempo, pero no había un debate abierto en la sociedad. Tenemos desde luego problemas más acuciantes y consideramos que el Gobierno de Castilla-La Mancha abrió este melón para desviar la atención de problemas más profundos.

En cualquier caso su Grupo político en el Parlamento de Castilla- La Mancha se abstuvo en la votación final sobre la Ley ¿por qué ese equilibrio entre la balanza del Sí y del No?

No se trata de una cuestión de equilibrio, se trata de que fruto del debate parlamentario en comisión y finalmente en Pleno y de la presión del Grupo Popular, el Gobierno regional aceptó algunos cambios propuestos en el proyecto, que mejoraban sustancialmente el texto final, y que beneficiaban al sector.

Al aceptarnos algunas enmiendas consideramos que había que abstenernos. Curiosamente el PSOE, entonces en la oposición, también se abstuvo en el Pleno en el que se debatió y aprobó la Ley del Juego de 2013.

Señor diputado, en el Parlamento de Castilla- La Mancha, pero también en las Cortes de otras Comunidades y en el propio Congreso de la Nación se han lanzado desde las bancadas de otras fuerzas políticas, y directamente desde el propio Gobierno del país, acusaciones de acuerdos ocultos o de colusión entre su Partido político y el Sector Privado del Juego. ¿Cuál es su respuesta?

En España por desgracia la izquierda hace gala de una falsa superioridad moral que le hace ver acuerdos ocultos y teorías de la conspiración en todo aquello que supone no plegarse a sus intereses. Las reuniones que he mantenido con representantes del sector del juego han sido públicas, he expuesto las conclusiones a las que hemos llegado y la postura final del Grupo Popular ha surgido del convencimiento de que este sector es tan fundamental como otros para el desarrollo económico de nuestra región y de España y no se le puede criminalizar. Si algún partido o colectivo quiere ver en eso algún tipo de acuerdo oculto es su problema.

¿Cree usted que en Castilla –La Mancha y en el contexto de elaboración de su nueva Ley del Juego existía un problema acuciante, un motivo de alarma social sobre el Juego, o simplemente una situación sobre la que legislar y ponerse al día dentro de una normalidad de evolución social?

Como he dicho en contestación a otra pregunta anterior no solo no existía un problema acuciante, sino que tampoco existe una alarma social definida. Esto no quiere decir que no existan personas con problemas derivados del juego o de cualquier otro tipo de adicciones que tienen que tener una respuesta y una atención eficaz por parte de la Administración.

¿Por qué alguien hace tan difícil compatibilizar la protección de los derechos de los menores y personas vulnerables con los de un Sector económico como la Industria del Juego? ¿Estamos ante la creación de un espejismo y una doctrina meramente ideológica?

Efectivamente, el hilo de mi argumentación en el Pleno iba en ese sentido. Las leyes que se hacen “contra” algo no funcionan, desde el punto de vista de su eficacia normativa. En este caso las enmiendas que presenté en nombre del Grupo Popular buscaban hacer compatible esa protección de los menores y esa lucha contra las adicciones con las legítimas aspiraciones de un sector que genera empleo y riqueza en la región. Por desgracia las ideologías populistas han encontrado un filón en la lucha contra este sector y hay gobiernos que se plegan a esas ensoñaciones.

Citamos una expresión suya en el debate parlamentario al que hemos aludido: “luchar contra la ludopatía no es incrementar las cargas fiscales”. ¿Se puede permitir Castilla-La Mancha presionar tributariamente al Sector del Juego –Casinos, Salones, Bingos, máquinas en la Hostelería, sin poner en riesgo una gran cantidad de puestos de trabajo y negocios familiares? ¿sería eso justo?

Una de las críticas más importantes que he hecho a esta ley es que tiene un evidente afán recaudatorio. Como si cobrándoles más las ludopatías desaparecieran. Además la muestra evidente de que la ley de 2013 era una buena ley que cumplía con la finalidad para la que se aprobó es que la nueva ley deja prácticamente igual un porcentaje importantísimo de artículos y modifica y carga las tintas, curiosamente, en todo lo que tiene que ver con la fiscalidad. Consideramos que en estos momentos, cuando el sector del juego ha sido uno de los sectores más duramente castigados por la pandemia no es el momento de subirle los impuestos, más bien se debería hacer lo contrario, si queremos que se mantengan los niveles de empleo previos a la crisis del coronavirus.

Para muchas personas parece que la cuestión del Juego se mide simplemente en metros, como si recorrer 100 o 300 metros más pudiera trasladarnos a otra dimensión conceptual o cultural. Pero usted considera esa cuestión de las distancias locales-apuesta de otra manera, ¿no es así?

Así es, reducir la cuestión a distancias es simplificar el problema y cargárselo a una de las partes. Que haya un local de apuestas cerca de un colegio no implica que los menores vayan a acceder al local, porque me consta el celo profesional de los encargados de los mismos, de hecho creo que no hay ningún acta ni expediente sancionador por este motivo en Castilla-La Mancha. Es tan absurdo como prohibir que haya un bar cerca de un colegio por el hecho de vender alcohol, que es una sustancia prohibida para un menor de edad.

¿Entonces una Sala de Juego cercana a un centro educativo, como en el caso de un bar o un estanco, o de un despacho de Lotería o un quiosco de la ONCE, no tendrían por qué tener una consideración restrictiva especial o sí sería el caso?

En este caso consideramos que la solución a la que se ha llegado en la ley de Castilla-La Mancha es buena dentro de lo que cabe y menos lesiva para el sector que la propuesta inicial. Nuestro objetivo era que establecimientos en funcionamiento no se vieran obligados a cerrar, no nos podemos permitir que vaya gente al paro por decisiones administrativas, bastante difícil está todo ya para que la Administración lo complique más. 

Dentro de los contenidos concretos de la nueva Ley del Juego de su Comunidad usted rechazó la creación del Observatorio del Juego en Castilla-La Mancha. ¿En qué sustenta su posición?

Esto tiene que ver con otras cuestiones más de fondo. El actual Gobierno del PSOE en la región está creando nuevos óganos que sirven para duplicar gastos y colocar a gente afín y por sistema nos oponemos a la creación de nuevas estructuras. Además me chirría que el nuevo órgano tenga que financiarse cobrando tasas a los propios locales de juego, sin saber lo que nos va a costar mantenerlo. Insisto en que no es el momento de imponer más cargas fiscales a los empresarios, ni a los de este sector ni a los de ninún otro.

Otro contenido resaltable en aquel debate fue el de la bonificación suprimida a los empresarios del Sector por realizar sus trámites administrativos telemáticamente. ¿Podría tener esto una repercusión negativa en la relación Administración-administrado?

Llevamos años hablando de la Administración Electrónica y de favorecer las relaciones telemáticas entre las administración y el administrado para hacerlo todo más sostenible. Nos parece un contrasentido que se intente favorecer esa forma de relacionarse con la administración pero se suprima la bonificación por hacerlo. Es otra manera de aumentar la presión fiscal al sector. 

El Gobierno de su Comunidad ha establecido con respecto al Sector del Juego que el silencio administrativo equivale a una negativa ante sus propuestas o peticiones. Para los empresarios y profesionales de la actividad es algo muy, digamos como mínimo, que muy desconcertante. ¿Cómo lo valora usted?

Ya dije en el debate que nos parecía que va en contra de los principios de eficacia y eficiencia de la Administración y que genera inseguridad jurídica entre los administrados. Fue una de las enmiendas que planteé y que el PSOE rechazó.

Por último señor diputado queremos plantearle la dicotomía entre derechos del Juego Público y el Juego Privado: ¿Por qué hay diferencias entre las condiciones de publicidad, de patrocinios, de distancias, de fiscalidad y de controles de acceso entre ambas modalidades? ¿Qué tiene que ver eso con una Constitución que consagra la libertad de empresa y de mercado y con una Unión Europea que condena los monopolios?

Pues yo estoy tan desconcertado como ustedes porque esta ley del juego solo regula una parte mínima del juego, dejando fuera a todo el sector del juego público. Como si todo ese sector fuera inocuo y el único que generase adicciones y ludopatías fuese el juego privado. Desde mi grupo no criminalizamos a uno ni a otro. Ambos cumplen una función y ambos, el público y el privado, generan empleo y riqueza y en algunos casos, como es el caso de la ONCE, además hacen una labor social impagable.

El problema es legislar partiendo de prejucios. Eso es lo que hay que desterrar de la vida política para posibilitar que se pueda hacer compatible el cuidado de la salud y la lucha contra las adicciones, con una actividad empresarial lícita y muy regulada como es el juego en todas sus vertientes.