El Pleno considera que el tema inicial de inconstitucionalidad “se ha extinguido” tras la modificación de la norma
El Tribunal Constitucional decide no pronunciarse sobre el recurso de Jdigital a la Ley del Juego
AZARplus
Como ya informamos la pasada semana, el Pleno del Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia al recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 958/2020 sobre comunicaciones comerciales en actividades de Juego interpuesto por Jdigital. El TC ha declarado, de forma unánime, la extinción del objeto de una cuestión de inconstitucionalidad. Esta cuestión se había planteado en relación con el artículo 7.2 de la Ley 13/2011 sobre regulación del Juego.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha considerado que la queja, tal y como fue planteada en su día por el Tribunal Supremo, “se ha extinguido por cuanto el nuevo artículo 7 bis de la Ley de Regulación del Juego sí establece pautas o criterios que debe tener en cuenta el reglamento a la hora de regular la materia. Y ello con independencia de si lo prescrito en la nueva disposición legal aporta o no cobertura legal bastante al impugnado Real Decreto 958/2020, cuestión esta en la que, por tratarse de una cuestión de legalidad ordinaria, no puede entrar a dilucidar el Tribunal Constitucional en este proceso”.
El artículo cuestionado de la Ley 13/2011, en su párrafo primero, prohibía la publicidad, patrocinio o promoción de juegos de azar sin la autorización correspondiente. El párrafo segundo dejaba la regulación detallada de estas actividades al ámbito reglamentario.
El Tribunal Supremo planteó la cuestión de inconstitucionalidad al considerar que el artículo 7.2 de la Ley del Juego podría infringir la Constitución, al deslegalizar una materia que debía ser regulada por ley, no por reglamento. Esto, argumentaban, afectaba al núcleo esencial de la libertad de empresa y competencias legislativas.
Sin embargo, tras plantearse esta cuestión, se promulgó la Ley 23/2022, que modificaba la Ley 13/2011, introduciendo un nuevo artículo 7 bis que contenía pautas para la publicidad, promoción y patrocinio de actividades de juego. La nueva ley proporciona pautas que el reglamento debe considerar, aunque no se pronuncia sobre la cobertura legal del Real Decreto impugnado, ya que es una cuestión de legalidad ordinaria que no le compete abordar.
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