Gambling Commission evaluará si las medidas previstas en la Reforma del Juego británica “son proporcionadas”

La Comisión del Juego del Reino Unido (UKGC) y el Ministerio de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte (DCMS) están inmersos en un proceso integral de revisión de la Ley del Juego, que implica la consideración de una serie de cambios propuestos en la regulación del sector. Esta revisión abarca una amplia gama de temas, desde la interacción de las empresas de Juego con los consumidores hasta el contenido y la disponibilidad de los productos de Juego tanto en entornos físicos como remotos.

Según ha señalado David Taylor, director de Garantía de Pruebas y Evaluación de la UKGC, el enfoque de la comisión para evaluar estas medidas se centra en garantizar su eficacia y en entender los impactos previstos y no deseados. “Este proceso no concluye una vez que los cambios se implementan; de hecho, la supervisión y evaluación cuidadosa son elementos continuos de la labor de la UKGC y el DCMS”, ha declarado.

Los cambios propuestos incluyen normas que regulan la interacción empresa-consumidor, así como el contenido de los productos de Juego en diversas plataformas. La evaluación de estas medidas se lleva a cabo tanto individualmente como en conjunto, con el objetivo de comprender la eficacia global de la revisión, los procesos de consulta y la implementación de las medidas decididas.

“Un aspecto crucial de este proceso es la planificación y ejecución de evaluaciones que sean proporcionadas y efectivas”, ha marizado Taylor. Para ello, la UKGC y la DCMS han encargado a NatCen el diseño de un marco que establezca opciones para evaluar tanto el proceso como el impacto de las medidas propuestas. La experiencia de NatCen en evaluación “será esencial para identificar el enfoque más adecuado, que podría incluir ensayos de evaluación una vez que se definan las posiciones políticas definitivas y las fechas de aplicación tras el proceso de consulta”.

Este proceso de revisión y evaluación se produce tras el cierre reciente de la consulta sobre los cambios propuestos relacionados con sanciones económicas e información sobre eventos financieros, que finalizó el pasado 15 de marzo.