Denunciando un “errático criterio” en pleno proceso de regulación, cuando hace apenas un año determinó un fallo unánime a favor de las Salas sobre un Recurso idéntico, indicando que este “no resulta ser la vía idónea al efecto”
La Agrupación de Apuestas Online se alza contra la prohibición en Chile
AZARplus
Tras conocerse la decisión de la Corte Suprema chilena de ordenar bloquear varias plataformas de Juego online consideradas ilegales ante el recurso presentado por la Polla Chilena de Beneficiencia, las asociaciones y empresas del Sector se han echado las manos a la cabeza, y denuncian una situación “errática” por parte del Judicial.
La Agrupación de Plataformas de Juego Online ha declarado, a través de Carlos Baeza, abogado asesor de las plataformas Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin, que este fallo de la Corte Suprema es un “cambio repentino de criterio”, pues hace poco más de un año, el 31 de agosto de 2022, el Supremo determinó con fallo unánime sobre un idéntico Recurso de Protección Presentado en la Corte de Apelaciones de Santiago que un Recurso de Protección “no resulta ser la vía idónea al efecto”, porque es una acción excepcional constitucional.
La Asociación no comparte ninguno de los argumentos que ha utilizado la Tercera Sala para este fallo, “en materia constitucional, penal ni civil” y declara que, según la Constitución, la regulación de loterías, hipódromos y apuestas debe hacerse únicamente por una ley. “Esto no implica prohibición, sino una garantía” y que igualmente, en el Código Penal, no se incluye como conducta prohibida y sancionada a las apuestas online.
De igual forma, el artículo 1466 del Código Civil establece como objeto ilícito la deuda asociada a un contrato de apuesta. “Eso no convierte el contrato en “ilegal”, sólo agrega una causal de eventual nulidad que debe ser judicialmente declarada en cada caso”.
La Asociación afirma asimismo que las políticas públicas “deben ser definidas por el Poder Ejecutivo junto con el Congreso de Chile, y no en sede judicial” y que, por tanto, este fallo “no debe alterar el proceso legislativo que hemos respaldado desde un comienzo”.
Cabe destacar que en el contexto internacional no existen registros de que en los países OCDE haya existido una sentencia similar. Países que, en opinión de la Asociación, “parecen comprender que el intento de contener el avance tecnológico a través de fallos judiciales es completamente inconducente”.
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