Loyra y Asensi ofrecen su experta opinión sobre la difusa situación existente en nuestro Sector en relación a las diferentes legislaciones autonómicas existentes en España
Loyra y Asensi explican la maraña legal del Juego en El País
AZARplus
La confusa y enrevesada situación del Juego Presencial Privado en España es conocida por todos dentro del Sector, pero no tanto en los medios generalistas, y para ello los despachos especializados en Juego Loyra y Asensi, arrojan algo de luz dentro de un reportaje del prestigioso diario El País.
El medio analiza la difusa situación política y legal sobre el Juego, centrándose en las Máquinas tipo B y sus distintas regulaciones autonómicas. Señala concretamente los casos extremos de Baleares, Galicia y de la Comunidad Valenciana, así como de Aragón, donde recientemente se ha prohibido el uso de las tarjetas de crédito para el Juego.
Los controles exhaustivos de estas Máquinas son verificables por la Administración, con inspecciones regulares a los terminales para asegurar que se devuelve el porcentaje mínimo en cada ciclo, como así afirma Fernando Martín, socio de Loyra Abogados: “Cada Máquina recreativa estará programada y será explotada en ciclos de 40.000 partidas consecutivas, de forma que devuelva en cada uno de los ciclos un porcentaje de premios que no será inferior al 70% del valor de las partidas efectuadas”.
Un proceso metódico que comienza en el propio examen técnico por parte de la empresa a cada modelo, verificando cada uno de los detalles de seguridad y funcionamiento de la Máquina. En ocasiones puede ser dificultado por las diferentes regulaciones de cada Comunidad, que cuenta a su vez con distintas homologaciones y requerimientos, lo que conlleva, como bien explica Santiago Asensi, Director de Asensi Abogados, que cada fabricante deba “adaptar sus productos a cada comunidad, con el propósito de poder homologarlos e inscribirlos en el registro correspondiente de máquinas recreativas y de azar”.
El propio Asensi explica que en 2013 se trató unificar los mercados para crear una única homologación, pero no llegó a buen término: “La realidad es que se demostró que dicha ley no resultó ser eficaz, ya que, si bien el procedimiento de convalidación se ha implementado en algunas comunidades autónomas, el mismo requiere prácticamente del mismo esfuerzo que empezar de cero una nueva homologación”.
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