Aunque nunca se fue del todo, muy bien podríamos decir que Miguel Durán vuelve al Sector por la puerta grande y con un objetivo de lo más gratificante, como es intentar conseguir que Empresas y Empresarios recuperen judicialmente las pérdidas ocasionadas por la pandemia… La Responsabilidad Patrimonial es su gran especialidad y está tan seguro del éxito ante los Tribunales que no ha dudado en poner en riesgo su trabajo, porque solo será remunerado en función de los resultados obtenidos… De esto y de otras muchas cosas ha dialogado en exclusiva con la Revista AZAR en una sabrosa entrevista que difundimos íntegramente en AZARplus para nuestros numerosos lectores.

 Entrevista Exclusiva a MIGUEL DURÁN, Socio Director DURAN & DURAN Abogados

           “RECLAMACIONES SIN COMPLEJOS” 

Miguel, tu actividad profesional es la abogacía, el Derecho, pero a nosotros casi nos resulta natural decir que eres un hombre del Sector, queremos decir de la Industria del Juego 

Una vez que uno ha estado en el Sector no se aleja nunca, porque de una forma o de otra el juego siempre ha estado en nuestras vidas; el hombre y la mujer somos el ‘homo ludens’ del que escribió Huizinga y somos jugadores y además lo somos por fortuna, porque sin juego la vida sería una experiencia muy degradada. Me refiero al juego en sus infinitas variedades y formas, pero, claro, aquí y ahora hablamos del Juego de Azar.

Un escenario en el que sin embargo te echamos de menos durante algunos años…

Cuando dejé de prestar asesoramiento para los grandes Grupos CIRSA y FRANCO y tras realizar otros trabajos me dediqué a revitalizar y potenciar mi despacho profesional junto con mi sobrino Miguel Ángel, que siempre ha estado a mi lado desde que dejé mis funciones ejecutivas en la ONCE.

Pero suponemos que nunca perdiste tu interés por este universo tan especial 

Efectivamente, en esa etapa no pude estar tan pendiente de la evolución del Juego de Azar. Nunca he estado lejos. Respecto a mi Institución madre, que es la ONCE, siempre la he seguido con atención y con el enorme cariño y gratitud que le tengo; y en segundo término porque también vi con interés el tema de las Apuestas. De modo que he seguido la situación legislativa y las incidencias judiciales de mayor trascendencia.

¿Cómo ha surgido tu alianza con Juan Manuel Ortega para defender los derechos de todo un Sector, de sus empresarios y sus trabajadores, frente a la situación tan especial que se está viviendo ahora?  

A Juan Manuel Ortega, a Manolo, le conozco desde hace más de 30 años y hemos compartido muchas cosas. Nos vimos a petición mía y él me preguntó sobre las posibilidades jurídicas de una acción de los empresarios de la Hostelería y el Juego frente a las medidas legislativas durante la pandemia con respecto al estado de alarma. Estaba preocupado por los perjuicios ocasionados al Sector por las normativas de movilidad, las restricciones de apertura, de horarios, etc, y le comenté que mi Bufete ya tenía interpuestas algunas demandas en ese sentido, en nombre de algunas empresas e instituciones de otros ámbitos en lo que afecta directamente a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública.

Además os une una amistad personal, ¿no es cierto?

Lo es, y Manolo, como perfecto conocedor del Sector y de quién es quién dentro de este mundo empresarial y administrativo, es el perfecto socio para abordar un trabajo tan complejo, pero con tantas posibilidades por pleno Derecho, como es el que nos proponemos en estos momentos. Somos dos personas más bien rabo de lagartija que caparazón de tortuga y queremos hacer cosas positivas para un Sector y unos empresarios que se lo merecen y que no pueden ni deben quedarse en la cuneta. Yo estoy tan ilusionado personalmente como motivado profesionalmente con una iniciativa como esta que, además, no será la única. 

¿Cuál es la interpretación del concepto jurídico de Responsabilidad Patrimonial, de los derechos que abre a nuestros empresarios?

La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública frente a los ciudadanos está contemplada en el artículo 106 de la Constitución. Todos los Estados de Derecho modernos la contemplan: Las Administraciones Públicas en su actuación, unas veces por acción y otras por omisión, causan perjuicios al ciudadano que el ciudadano no tiene porqué soportar.

Esta Responsabilidad Patrimonial siempre deriva de una actuación o de una inacción en la que hay que dilucidar si existe o no causa suficiente para actuar como lo ha hecho la Administración, o incluso si hay causa suficiente y pueden derivarse responsabilidades concretas que la Administración tiene que asumir para reparar los daños causados.

Pero con la COVID-19 todo parece distinto, ¿podrías darnos una referencia sobre estos conceptos?

Sí, puedo poner un ejemplo: Se produce un incendio y hay que apagarlo, pero para ello hay que derruir, demoler, en definitiva causar un daño a terceros ajenos a ese incendio. Alguien tiene que resarcir a esos perjudicados que no han provocado ese incendio. ¿Hay responsabilidad o no? Tanto en la legislación específica que ha desarrollado el artículo 106 de la Constitución como en otros principios jurídicos se establece que esa responsabilidad existe siempre que no medien causas de fuerza mayor. Y es aquí, seguro, donde las personas que reclamen y los juristas vamos a tener la principal causa de discusión con las Administraciones a las que se reclame el resarcimiento por Responsabilidad Patrimonial.

¿El enorme impacto de la pandemia no podría crear confusión, al menos a efectos de opinión pública, sobre el concepto de fuerza mayor?

Sin duda la Administración va a decir que la pandemia es una causa de fuerza mayor. Y podríamos estar de acuerdo, pero lo que es discutible es que la forma de afrontar esa pandemia haya sido la adecuada. De esa manera tendrá que demostrar la Administración que no podía haber existido una medida distinta, por ejemplo, al cierre o clausura de los establecimientos de Hostelería o de Juego. Y máxime cuando existen situaciones que diferencian a las  Comunidades, porque no en todas se produjeron los mismos cierres y restricciones y eso nos pone ante evidentes dilemas y con todas sus consecuencias. Lo que debe tenerse en cuenta siempre que hablamos de responsabilidad patrimonial de la Administración es que el ciudadano que padece el perjuicio no tiene por qué soportarlo cuando dicho perjuicio viene motivado por una decisión administrativa, por mucho soporte legal que tal actuación tenga. No estoy diciendo que todo esto sea tan fácil y sencillo como reclamar, pues la primera reacción (y hasta diría que la última) que las administraciones tendrán será la de negarse en redondo a satisfacer dichas reclamaciones; y es ahí donde reside el mérito de los profesionales del Derecho para saber plantear las cosas adecuadamente, y pelearlas con todas las armas que el Derecho nos da.

¿No estamos ante el peligro de una discriminación demagógica por el tipo de actividad sectorial? 

En materia de distinción básica desde luego la Administración se va a refugiar en que los establecimientos de los que estamos hablando no son de consumo de primera necesidad, pero eso es harto discutible. Es algo que tiene por delante mucho y buen debate.

En esta labor partimos de la perfecta conciencia de que contra nuestra actividad se han tomado medidas indiscriminadas y discriminatorias que han llegado al destierro de la Hostelería en muchos casos y eso permite decir que hay Responsabilidad de las Comunidades Autónomas y del Gobierno Central. Porque es el Gobierno Central el que bajo la dichosa frase de Pedro Sánchez sobre la cogobernanza lo ha permitido y ahora hay muchas Comunidades que aducen que solamente eran esas las medidas que podían tomar. Son, a mi juicio, los empresarios del Sector que han visto perjudicados injustamente sus negocios quienes deben aspirar al lógico resarcimiento sin complejos y sin el clásico miedo del “¡Virgencita, que me quede como estoy!”. 

El ocio, el entretenimiento y muy directamente el juego se han visto muy especialmente sometidos durante la pandemia. ¿Eso puede “contaminar” vuestro trabajo al presentar casos jurídicos? 

Es posible que algún juez compre esa mercadería averiada. ¿Pero cuáles son los derechos de los ciudadanos que se pueden suspender? El juego de azar en nuestra sociedad libre, desarrollada, moderna, es un derecho tan básico como cualquier otro de las personas. No es el Gobierno quien tiene que clasificar las prioridades de cada uno de nosotros.

Nosotros somos conocedores del impecable trabajo empresarial desde el Sector durante esta crisis sanitaria, incluso de su solidaridad social. Pero eso parece no haberse tenido muy en cuenta.

El Sector, respetando las medidas de seguridad, de higiene, de distancias, ha demostrado que ni la Hostelería ni las Salas de Juego han difundido esta pandemia, más bien los científicos dicen que ha sido en el ámbito familiar donde más se ha propagado la pandemia. Es evidente que se han propagado cosas falsas y malintencionadas contra el Sector.

¿Hay posibilidades de que los derechos y las reivindicaciones que vais a defender se resuelvan simplemente por vía administrativa?

Apenas. Desde luego doy por seguro que todo acabará ante los jueces. Estoy convencido de que la Administración Pública en ninguno de sus ámbitos, ni la Central ni las Autonómicas, ante las reclamaciones en primer término van a reconocer que tienen nada que recompensar. Sin duda va a haber que ir a los Tribunales.

Desde nuestra experiencia, hemos observado lo poco dispuesto que siempre ha estado el Sector en acudir a los Tribunales en defensa de sus derechos…

Sinceramente, observo como si el Sector se hubiera estado encogiendo bajo la amenaza exterior de la ludopatía y todas esas cosas. Es como estar sometido a un auto complejo del que no se sabe salir. Mientras estuve activo en el Sector yo nunca tuve ese complejo, el Juego de Azar es una actividad perfectamente normal que no merece de ninguna manera ser considerada por algunos personajes públicos como una actividad sub-económica.

Una situación que ahora ha empeorado con el Gobierno socialcomunista…

Que el Ministro Garzón tenga su ideología me parece respetable, pero también tenemos el derecho a no compartirla. El auto complejo que siempre ha habido en el Sector del Juego, aunque no todo el mundo lo ha tenido, no es justo ni debe asumirse. Ni soluciona ni facilita nada, ni en el presente ni en el futuro de esta actividad económica que tiene su puesto en el primer plano de la vida social del país. Nosotros lo que proponemos son reclamaciones sin complejos. 

Lo explicas de tal manera, que parece fácil encontrar caminos de solución…

Tiene que llegar un momento en el que se considere que nuestra Sociedad es lo suficientemente madura para que no se la tenga que tutelar a la hora de decirle qué debe de consumir y qué no. Si quiero beberme dos vasos de vino me los bebo y espero que no venga nadie a decirme que no lo haga, yo sé porque soy un adulto que hay límites que no debo traspasar y soy capaz de considerar la posible nocividad de las cosas ¡Anda que no hay actividades políticas super nocivas y las tenemos que soportar! El Sector tiene que sacudirse sus complejos, su auto complejo. Mucho más cuando sabemos que en España, frente a muchas alarmas injustificadas, se juega considerablemente menos que hace 20 años y el análisis de las cifras de facturación del Sector lo demuestran. Eso se debe a factores muy concretos y a otros menos conocidos, y entre los primeros está la inmisericorde persecución y la condena que se ha ejercido, sobre todo desde los poderes públicos, contra la Industria del juego de azar..

De acuerdo, pero ¿cómo se soluciona?

A mí me parece que, para empezar, al Sector le falta unidad institucional y patronal para desarrollar una labor de verdadera concienciación social sobre las bondades y los riesgos del Juego de Azar. 

Eso implicaría la existencia de un verdadero lobby

Claro, en este sentido adolece de una labor de lobby y a eso no hay que tenerle miedo porque en los países de nuestro entorno político y socioeconómico es algo perfectamente asumido, una figura del tráfico comercial e institucional completamente válida. El Sector tiene que revertir una situación donde aparecen como ‘empresarios malos’ que se aprovechan de los ludópatas y de la llamada población vulnerable. Son etiquetas contra las que hay que luchar y si se trata de convencer a algún Ministro o a los Gobiernos autonómicos habrá que superar esos complejos y autolimitaciones. El Estado organiza sus loterías sin ningún complejo, y yo también sin ningún complejo juego a ellas, como juego con la ONCE que ni en mi época ni después tuvo ninguna duda de que hace algo completamente legal. La ONCE tiene beneficios, pero el Gobierno tiene déficits con la ONCE, porque tiene que pagar subvenciones por la creación de empleos para discapacitados, y no lo está haciendo, pese a saber que es la de la ONCE una “fórmula socioeconómica insustituible”.

El Juego Privado también es un potente creador de empleo…

Por supuesto, ¡cuánto empleo no crea el Juego Privado!  Eso es un valor de defensa del Sector, aunque no el único. Eso es una labor lógica de lobby a la hora de defender la actividad en un status económico perfectamente reivindicable. Yo intenté algo así en mis tiempos de vinculación al Sector con la firma de un armisticio entre R. FRANCO y CIRSA, pero no cristalizó en lo que a mí me hubiera gustado. Eso hizo que al final yo me marchara del Sector, pero se está a tiempo de que los empresarios vean los factores de defensa común que tienen, su mínimo común múltiplo en términos matemáticos. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Manolo y yo estamos completamente de acuerdo en esto. Habrá que ir pensando que, tras el paso de la Pandemia, tendremos que hacer algunas cosas de otra manera. No es inteligente repetir indefinidamente los errores esperando resultados distintos…

Bien, como ya estamos terminando, nos gustaría finalizar con tu garantía personal y profesional de que las Reclamaciones de las que hablamos llegarán a buen puerto

Los abogados tenemos que conducirnos siempre con muchísima prudencia, porque aquel que le prometa a un cliente el triunfo total y seguro se arriesga a que la dura realidad le traicione. Ganar al 80% no es un mal porcentaje, y hay que ser conscientes de que estamos ante un horizonte de mucho trabajo, de gran preparación de las demandas y del error que sería poner el carro por delante de los bueyes. Yo creo que hay que decirle a la gente cuales son las perspectivas, porque lo cierto es que hay buenas perspectivas sobre todo para aquellos empresarios en los que las Administraciones se han cebado de forma inmisericorde.

Finalmente y para que no quepa duda, tenemos entendido tu intención de no cobrar nada por la presentación de las reclamaciones, una postura tan competitiva como poco habitual en la cultura jurídica del Sector. ¿ Es esto cierto ?

Sí, solo recibiremos una razonable contraprestación económica en base a los resultados obtenidos. Tenemos una buena estructura, una interesante caja de resistencia y podemos ofrecer a los empresarios del Sector un esperanzador camino para recuperar muchas de sus pérdidas por la pandemia, sin necesidad de hacer ningún tipo de provisión de fondos.

Nosotros ponemos nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, a contribución de conseguir un éxito en el que confiamos; y la mejor muestra de ello es decirle a quienes quieran “jugar ese partido”, ¡”tu resultado es el mío, y tengo el máximo interés en tu éxito! ¡Si gano para ti, también gano para mí, confía en mi trabajo y dame tu problema, que lo hago mío”!.

*Será publicado en el próximo número de la Revista AZAR

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